¿POR QUÉ UNA POLÍTICA MARÍTIMA?
Jorge Villalobos Urquiaga*
El Perú es un país marítimo, aunque los peruanos no tengamos plena conciencia de ello. Lo es por la circunstancia que vive cotidianamente, por imposición de la Naturaleza y por otras consideraciones derivadas de las componentes geopolíticas.
Su favorable posición en el subcontinente, con cotas amplias para servir al comercio de los países atlánticos con los puertos del Pacífico y viceversa, beneficiando al Perú con el consiguiente tránsito de mercancías. Esta posibilidad está siendo impulsada mediante la unión de las carreteras transamazónicas brasileras con nuestro sistema vial, por el norte y por la interoceánica del sur.
Las posibilidades de intercambio comercial con China, así como con Japón y los países del sudeste asiático: Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, con países industrial y comercialmente desarrollados, el Perú queda ubicado en una posición muy favorable para impulsar sus relaciones con estos y los demás países de la Cuenca del Pacífico, que son actualmente muy reducidas, mediante su acción efectiva a través de la APEC de la cual es miembro.
Si esta posibilidad se ve favorecida por el potencial marítimo que posee el Perú, además de los factores empresariales, económicos, financieros y de relaciones internacionales bilaterales o multilaterales que se vienen desarrollando, es indudable que nuestro comercio se diversificará accediendo a otros mercados, en adición a los tradicionales de los EE.UU. y de Europa occidental que puedan incrementarse extraordinariamente al aprobarse los TLC que se están gestionando ahora y los que se gestionen en el futuro.
Los intereses del Perú en la Antártida, tiene variada connotación. En primer lugar, el científico en las áreas de la biología marina para la preservación de los recursos vivos allí existentes y la exploración de la alta atmósfera, entre otros; la preservación del medio ambiente antártico es importante, pues un desbalance en los ecosistemas antárticos traerían como consecuencias posibles una alteración de las pesquerías en la Antártida, que se consideran reservas alimenticias para nuestra población, y cambios en los ecosistemas en nuestro mar, con las consecuencias imprevisibles, no sólo en las pesquerías sino en las condiciones climáticas, que podrían afectar las cosechas. El interés estratégico se deriva de su proximidad al paso Drake que constituye una vía alterna hacia el Atlántico cuyo uso puede ser eventualmente vital. En el aspecto económico, puede considerarse la muy remota para el Perú, pero posible, explotación de recursos minerales y pesqueros. La presencia eficaz del Perú en la Antártida solo es posible mediante operaciones marítimas que requieren un libre uso del mar.
1 G.A. Almond y G.B. Powell (h). Política Comparada. PAIDOS, Buenos Aires, 1972.Jorge Villalobos Urquiaga*
El Perú es un país marítimo, aunque los peruanos no tengamos plena conciencia de ello. Lo es por la circunstancia que vive cotidianamente, por imposición de la Naturaleza y por otras consideraciones derivadas de las componentes geopolíticas.
Su favorable posición en el subcontinente, con cotas amplias para servir al comercio de los países atlánticos con los puertos del Pacífico y viceversa, beneficiando al Perú con el consiguiente tránsito de mercancías. Esta posibilidad está siendo impulsada mediante la unión de las carreteras transamazónicas brasileras con nuestro sistema vial, por el norte y por la interoceánica del sur.
Las posibilidades de intercambio comercial con China, así como con Japón y los países del sudeste asiático: Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, con países industrial y comercialmente desarrollados, el Perú queda ubicado en una posición muy favorable para impulsar sus relaciones con estos y los demás países de la Cuenca del Pacífico, que son actualmente muy reducidas, mediante su acción efectiva a través de la APEC de la cual es miembro.
Si esta posibilidad se ve favorecida por el potencial marítimo que posee el Perú, además de los factores empresariales, económicos, financieros y de relaciones internacionales bilaterales o multilaterales que se vienen desarrollando, es indudable que nuestro comercio se diversificará accediendo a otros mercados, en adición a los tradicionales de los EE.UU. y de Europa occidental que puedan incrementarse extraordinariamente al aprobarse los TLC que se están gestionando ahora y los que se gestionen en el futuro.
Los intereses del Perú en la Antártida, tiene variada connotación. En primer lugar, el científico en las áreas de la biología marina para la preservación de los recursos vivos allí existentes y la exploración de la alta atmósfera, entre otros; la preservación del medio ambiente antártico es importante, pues un desbalance en los ecosistemas antárticos traerían como consecuencias posibles una alteración de las pesquerías en la Antártida, que se consideran reservas alimenticias para nuestra población, y cambios en los ecosistemas en nuestro mar, con las consecuencias imprevisibles, no sólo en las pesquerías sino en las condiciones climáticas, que podrían afectar las cosechas. El interés estratégico se deriva de su proximidad al paso Drake que constituye una vía alterna hacia el Atlántico cuyo uso puede ser eventualmente vital. En el aspecto económico, puede considerarse la muy remota para el Perú, pero posible, explotación de recursos minerales y pesqueros. La presencia eficaz del Perú en la Antártida solo es posible mediante operaciones marítimas que requieren un libre uso del mar.
Los Intereses Marítimos, como el comercio exterior marítimo, condicionan en tal forma la vida nacional, que solo esta comprobación sería suficiente para establecer una Política Marítima, pues esta actividad da vida a nuestro comercio y a infinidad de otras actividades, algunas de las cuales son, a su vez, de importante valor multiplicador, como la industria de las construcciones y reparaciones, las actividades portuarias y aduaneras que generan otros requerimientos que genera empresas y crean empleos y, también, el protagonista de toda esta actividad, la flota mercante, que está ligada a los movimientos de carga, fletes, seguros, tráficos, etc.
También existen como Intereses Marítimos los recursos marinos renovables y no renovables que la Naturaleza ha puesto a nuestra disposición con gran prodigalidad, la preservación de estos recursos, sobre todo los renovables, cuya extinción por sobreexplotación debe evitarse, y las industrias y el comercio derivados del procesamiento de estos recursos. No son menos importantes Intereses Marítimos la investigación científico-tecnológica en todos los campos de la actividad marina y la preservación del medio marino.
Todas estas actividades esencialmente marítimas, tiene un ordenamiento legal y normativo para su desarrollo, cuyo cumplimiento está a cargo de una Autoridad Marítima que interviene de acuerdo a su Reglamento y a las facultades que le otorga la legislación pertinente de otros sectores de la actividad nacional.
Los aspectos tratados aquí en el ámbito acuático en relación con los Intereses Marítimos, agregados a los relacionados con el Poder Naval, ameritan que se les estudie integralmente para obtener un máximo beneficio de ellos mediante acciones que los desarrollen coherente y armónicamente con la finalidad de hacer el mejor uso del medio acuático. Esto se traduce en el establecimiento de Objetivos de Desarrollo Marítimos, que marcarán el destino que deseamos alcanzar, y de Lineamientos de Política, que nos trazarán el camino a seguir, concordantes con los Objetivos Nacionales y la Política General del Estado.
La Realidad Marítima abarca todos los campos de la actividad nacional relacionados directamente con el mar, ríos y lagos, así como los medios empleados y los aspectos espaciales, temporales, culturales y de cualquier naturaleza que tengan que ver con el ámbito acuático. Esta Realidad Marítima rebaza los Intereses Marítimos que hemos examinado, pues incluye también en su campo de acción a los intereses relacionados con la Defensa Nacional que tiene su expresión en el ámbito acuático mediante la aplicación del Poder Naval para proteger nuestras líneas de comunicaciones en este ámbito, conquistar, disputar o negar el control de las áreas acuáticas de interés, proyectar el poder militar hacia tierra y apoyar a nuestras fuerzas terrestres en la guerra. En la paz, desempeñar las misiones de presencia naval en las aguas de nuestro Dominio Marítimo y fuera de ellas para apoyar nuestros intereses comerciales, económicos, políticos y de seguridad. Esto hace necesario establecer también Objetivos y Políticas de Defensa en el ámbito acuático, además de los de desarrollo. Concordantes también con los Objetivos Nacionales y la Política General del Estado.
En consecuencia, el Poder Naval y nuestros intereses para el desarrollo en el ámbito acuático están íntimamente ligados, siendo el primero condicionado en su magnitud y composición en parte por los segundos. Así cuanto más amplios, difundidos, desarrollados, diversificados e importantes sean estos intereses, tanto mayor tendrá que ser nuestro Poder Naval para apoyarlos y protegerlos. Este binomio es la representación del Poder Marítimo de un país, y su desarrollo no puede ser materia de un trato coyuntural, caprichoso o sujeto a eventualidades salvadas con medidas de emergencia, pues entonces la mayor expresión de nuestros intereses acuáticos, que es el comercio marítimo, vital para nuestra supervivencia, estaría a merced de acontecimientos fuera de nuestra previsión y control.
A lo largo de los diferentes gobiernos, los Intereses Marítimos han estado administrados en esta forma desaprensiva y descoordinada; se estima que esto se debe a la falta de una Política Marítima, destinada a ser cumplida con la razonable estrictez con que se cumple en otros países que sí la tienen.
También existen como Intereses Marítimos los recursos marinos renovables y no renovables que la Naturaleza ha puesto a nuestra disposición con gran prodigalidad, la preservación de estos recursos, sobre todo los renovables, cuya extinción por sobreexplotación debe evitarse, y las industrias y el comercio derivados del procesamiento de estos recursos. No son menos importantes Intereses Marítimos la investigación científico-tecnológica en todos los campos de la actividad marina y la preservación del medio marino.
Todas estas actividades esencialmente marítimas, tiene un ordenamiento legal y normativo para su desarrollo, cuyo cumplimiento está a cargo de una Autoridad Marítima que interviene de acuerdo a su Reglamento y a las facultades que le otorga la legislación pertinente de otros sectores de la actividad nacional.
Los aspectos tratados aquí en el ámbito acuático en relación con los Intereses Marítimos, agregados a los relacionados con el Poder Naval, ameritan que se les estudie integralmente para obtener un máximo beneficio de ellos mediante acciones que los desarrollen coherente y armónicamente con la finalidad de hacer el mejor uso del medio acuático. Esto se traduce en el establecimiento de Objetivos de Desarrollo Marítimos, que marcarán el destino que deseamos alcanzar, y de Lineamientos de Política, que nos trazarán el camino a seguir, concordantes con los Objetivos Nacionales y la Política General del Estado.
La Realidad Marítima abarca todos los campos de la actividad nacional relacionados directamente con el mar, ríos y lagos, así como los medios empleados y los aspectos espaciales, temporales, culturales y de cualquier naturaleza que tengan que ver con el ámbito acuático. Esta Realidad Marítima rebaza los Intereses Marítimos que hemos examinado, pues incluye también en su campo de acción a los intereses relacionados con la Defensa Nacional que tiene su expresión en el ámbito acuático mediante la aplicación del Poder Naval para proteger nuestras líneas de comunicaciones en este ámbito, conquistar, disputar o negar el control de las áreas acuáticas de interés, proyectar el poder militar hacia tierra y apoyar a nuestras fuerzas terrestres en la guerra. En la paz, desempeñar las misiones de presencia naval en las aguas de nuestro Dominio Marítimo y fuera de ellas para apoyar nuestros intereses comerciales, económicos, políticos y de seguridad. Esto hace necesario establecer también Objetivos y Políticas de Defensa en el ámbito acuático, además de los de desarrollo. Concordantes también con los Objetivos Nacionales y la Política General del Estado.
En consecuencia, el Poder Naval y nuestros intereses para el desarrollo en el ámbito acuático están íntimamente ligados, siendo el primero condicionado en su magnitud y composición en parte por los segundos. Así cuanto más amplios, difundidos, desarrollados, diversificados e importantes sean estos intereses, tanto mayor tendrá que ser nuestro Poder Naval para apoyarlos y protegerlos. Este binomio es la representación del Poder Marítimo de un país, y su desarrollo no puede ser materia de un trato coyuntural, caprichoso o sujeto a eventualidades salvadas con medidas de emergencia, pues entonces la mayor expresión de nuestros intereses acuáticos, que es el comercio marítimo, vital para nuestra supervivencia, estaría a merced de acontecimientos fuera de nuestra previsión y control.
A lo largo de los diferentes gobiernos, los Intereses Marítimos han estado administrados en esta forma desaprensiva y descoordinada; se estima que esto se debe a la falta de una Política Marítima, destinada a ser cumplida con la razonable estrictez con que se cumple en otros países que sí la tienen.
Aunque la definición de Objetivos Marítimos, al igual que los Objetivos Nacionales, lleva implícita la expresión de deseos y aspiraciones de la Nación, esta expresión no siempre se da pues en determinados casos, a pesar de existir intereses vitales, éstos no son percibidos por la población. Tal sería el caso de nuestra Realidad Marítima. Para la adecuada aplicación del Poder Marítimo es necesario que exista una voluntad de hacerlo y esa voluntad es función de la conciencia marítima de la Nación o, cuando menos, de quienes detentan el poder político; pero estos grupos políticos no han percibido aún la necesidad de estudiar la Realidad Marítima en su doble significación, esto es, en relación a los Intereses Marítimos para el Desarrollo y respecto del Poder Naval para la Defensa. Corresponde ahora expresar la inquietud de plantear esta necesidad de impulsar coherente y ordenadamente toda la actividad acuática nacional.
La Realidad Marítima y la determinación con base en ella de los Objetivos Marítimos, si bien fijan el punto de partida y el destino hacia el cual deseamos encaminarnos para alcanzarlos, estos objetivos son, como los Objetivos Nacionales, de remoto cumplimiento, comprendiendo un lapso mayor que el largo plazo, por lo que, a fin de ser lo más realistas en nuestras aspiraciones, tendremos que estimar con la mayor aproximación nuestra mayor capacidad de incorporar recursos de nuestro potencial marítimo en este lapso, procedentes de la Realidad Marítima, que nos permita avanzar en la dirección deseada, siguiendo el ancho cauce de las Políticas, hasta lograr la imagen que nos hemos propuesto alcanzar.
La Realidad Marítima y la determinación con base en ella de los Objetivos Marítimos, si bien fijan el punto de partida y el destino hacia el cual deseamos encaminarnos para alcanzarlos, estos objetivos son, como los Objetivos Nacionales, de remoto cumplimiento, comprendiendo un lapso mayor que el largo plazo, por lo que, a fin de ser lo más realistas en nuestras aspiraciones, tendremos que estimar con la mayor aproximación nuestra mayor capacidad de incorporar recursos de nuestro potencial marítimo en este lapso, procedentes de la Realidad Marítima, que nos permita avanzar en la dirección deseada, siguiendo el ancho cauce de las Políticas, hasta lograr la imagen que nos hemos propuesto alcanzar.
Al definir esta Política Nacional en el ámbito acuático, debemos considerar un aspecto fundamental para ponerla en ejecución. Este es, que el desarrollo del Poder de los Intereses Marítimos para el Desarrollo y del Poder Naval para la Seguridad, es responsabilidad de diferentes sectores. El transporte marítimo y los puertos están en el sector Transportes y Comunicaciones: los recursos vivos o renovables están en el sector de la Producción; los recursos no renovables, en el sector Energía y Minas; la Autoridad Marítima y los medios del Poder Naval, en el sector Defensa; los deportes náuticos, en Educación, etc., lo que plantea el problema de la coordinación entre ellos durante la planificación para la decisión y también en la ejecución de las acciones que a cada uno le corresponda según lo defina el planeamiento estratégico.
Existe un Proyecto de Política Marítima elaborado por la Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú que cubre el ámbito de los Intereses Marítimos y da una imagen de lo que el Perú requiere que se haga en pro de su desarrollo en el ámbito acuático. Este trabajo tuvo como motivación la evidente ausencia de un tratamiento integrado y coherente de las actividades marítimas, fluviales y lacustres a nivel nacional y el deseo de contribuir a subsanar este defecto presentando un proyecto viable con el fin de que contenido fuera incorporado en la forma más conveniente a los planes y programas de los diferentes sectores concernidos. Nos referiremos más adelante a este proyecto.
Podríamos hacer una aproximación para tratar de descubrir las razones por las que el Perú no cuenta aún con una política marítima y menos un plan nacional de desarrollo y por qué han fracasado todos los intentos de planificar el desarrollo nacional.
Podríamos hacer una aproximación para tratar de descubrir las razones por las que el Perú no cuenta aún con una política marítima y menos un plan nacional de desarrollo y por qué han fracasado todos los intentos de planificar el desarrollo nacional.
La sociedad de un país está sumergida en un sinnúmero de actividades que ejercen una influencia permanente sobre ellas según como éstas actividades son originadas, reguladas, conducidas, etc., por diversas instituciones que crea la misma sociedad y que la caracterizan políticamente. Este conjunto de aspectos políticos y sociales conforman un sistema político, en el cual sus instituciones son interdependientes, constituyendo el factor dinamizador del sistema.
Para explicar este concepto los científicos sociales se valen del proceso de ingreso-conversión-salida, aplicado al sistema político. Comparemos este proceso con los conocidos servo-sistemas de control de artillería de un buque, en los cuales una señal, (input), originada por el giro de la mira del director, es procesada (conversión), en este caso, amplificada, y enviada, (output), al montaje del cañón donde produce la ronza correspondiente, la cual, a su vez, origina una retroalimentación que equilibra el sistema, deteniendo el montaje en su nueva posición.
En el sistema político, los ingresos (inputs) son de dos tipos: las demandas y los medios. Las primeras presionan sobre el sistema en diversas formas, como exigencias de mejores salarios y condiciones de trabajo, educación, libertad de expresión, participación política, etc. Son desafíos para el sistema, el cual debe estar preparado para satisfacerlas en la medida en que son atendibles y contribuyen al Bien Común.
Para hacer frente a las demandas, el sistema tiene medios que le permiten el adecuado procesamiento de éstas y también cumplir sus propios fines. Ejemplos de medios son los impuestos, la obediencia a la autoridad, las normas legales, el obligado cumplimiento de la ley, etc.
Los resultados obtenidos por el procesamiento de los ingresos al sistema son la medida de su eficiencia, y su influencia en otros sistemas sociales puede producir diversos efectos en la sociedad. Así, cuando el sistema es represivo y totalitario, las demandas no pueden expresarse debidamente y la sociedad es sometida, por ejemplo, a fuertes cargas tributarias o recibe exiguos salarios, etc. Son sistemas con escasa respuesta, que pueden conducir a pauperizar a la sociedad por un deterioro sostenido del sistema social.
Por el contrario, otros sistemas más liberales pueden permitir la libre expresión de las demandas, pero si su procesamiento no es adecuado para satisfacerlas, los resultados, (outputs), no solo no serán capaces de acallarlas sino que la presión ejercida por ellas sobre el sistema lo bloqueará, pudiendo eventualmente llegar, con el tiempo, al igual que en los sistemas totalitarios, a formas de cambios políticos como la revolución, el golpe de Estado, o las reformas, con todas sus variantes y gradaciones.
Entre los dos extremos se sitúan los sistemas políticos exitosos, aquellos que han encontrado la forma de llegar a una estabilidad sostenida, es decir, que los ingresos del sistema son procesados dentro de un equilibrio aceptable, produciendo resultados o decisiones que llevan a la sociedad hacia logros superiores. Las respuestas son adecuadas, pues las demandas excesivas no son admitidas, ni las ayudas sobrepasan el nivel necesario.
Estas situaciones exitosas se deben en gran parte a razones de orden estructural y cultural que concurren favorablemente y que hacen que el denominador común de estas sociedades exitosas sea que supieron fijarse objetivos de largo plazo que señalaron claramente el destino al que aspiraban, establecieron las políticas y estrategias que definieron el camino más directo a seguir sin apartarse de él y emprendieron las acciones más eficaces para lograrlos.
Por lo tanto, sin objetivos que den dirección y estabilidad al sistema, no hay desarrollo posible sino un deambular de un extremo a otro de situaciones críticas, que configuran para nuestra realidad, el comportamiento pendular que ha predominado en la política del Perú. Para aspirar al desarrollo es importante poner en relieve la necesidad ineludible de establecer objetivos válidos que nos conduzcan finalmente al logro del ansiado Bien común, o tan cerca de él como sea posible.
Mientras los objetivos nacionales no se adentren debidamente en el sentir nacional, no servirán de factor integrador ni cumplirán las condiciones que la doctrina les asigna. Veamos solo una de ellas: su difusión y aceptación por la población “…para que profundice en su conocimiento y los acepte con la finalidad que la Nación concurra con un esfuerzo y convicción colectivos hacia su consecución”. Si nuestros Objetivos Nacionales no son conocidos por la Nación debido a que no han sido suficientemente difundidos, mal puede la población concurrir con esfuerzo y convicción solidarios a su logro.
Estas comprobaciones, además de las mencionadas anteriormente, sobre la poca vigencia, en la práctica, de objetivos, políticas y estrategias a todo nivel, así como un menosprecio generalizado a todo lo que sea planificación, previsión y conducción de la Nación para el logro del Bien Común, hace que el sistema esté a la deriva, y haya llevado al país a un estado de pobreza y miseria generalizadas que lo colocan justamente en el lado opuesto.
¿Por qué el Perú es así?
La respuesta abarcaría un espacio muy extenso. Solo tomaré como guía algunas ideas de científicos sociales que han estudiado el tema general, con el propósito de aplicarlas a nuestra realidad.
Muchos autores han estudiado la teoría del desarrollo político y han ideado diversas maneras de evaluarlo. Uno de ellos, que logró una adaptación exitosa de la teoría sistémica al desarrollo político es Gabriel Almond1.
Almond considera que se puede evaluar un sistema político mediante el estudio de tres variables. Estas son: la especialización de las instituciones del Estado, el desarrollo político-cultural de la Nación y la autonomía con que actúan estas instituciones.
Respecto de la primera variable, el Perú ha evolucionado políticamente a través de su historia, como lo han hecho prácticamente todos los países, al punto que hoy posee poderes públicos organizados para el cumplimiento de tareas altamente especializadas, como los clásicos tres Poderes, así como un gran número de instituciones que están en aptitud de apoyar la acción estatal, cualquiera se ale gobierno. Sin embargo, el funcionamiento de estos poderes, en especial el legislativo y el judicial es la negación de lo que deberían ser y en consecuencia se han constituido en factores entorpecedores del proceso de desarrollo del país. El poder legislativo únicamente ha demostrado su inmadurez y hasta irresponsabilidad al haber batido todos los récords de proyectos de ley observados por el ejecutivo. En el campo de la judicatura, los diversos procesos de reorganización no llegan a aplicarse y las pocas medidas que se implementan no mejoran el acceso oportuno y eficaz de la población a la justicia. La disolución del Instituto Nacional de Planificación (INP), cuyo defectuoso funcionamiento debió ser corregido, fue disuelto para permitirle al gobierno hacer su voluntad sin tropiezos de ninguna naturaleza, lo que interrumpió la planificación nacional para el desarrollo.
En este sentido, la variable de Almond referida a la especialización de las instituciones, presenta los vacíos, incongruencias y deficiencias indicadas, que explicarían, en parte, esta orfandad en la que se encuentran los peruanos de parte de sus instituciones para alcanzar un desarrollo político adecuado, lo que le resta modernidad a nuestro sistema, en comparación con los de otros países de nuestro entorno.
La variable del desarrollo político-cultural en el Perú quizá sea la más compleja de examinar por lo compleja que es la composición de su población. Siendo el Perú un país compartimentado por su realidad geográfica, porciones importantes de su población viven en estado de casi incomunicación con los centros de actividad política, social y cultural no llegando a integrarse con el resto de sus connacionales. Esto impide que se sientan auténticamente comprometidos para participar en los procesos que le dan vida al sistema político y por no tener o no sentir su lealtad empeñada en la consecución de ningún objetivo relacionado con el interés nacional, no contribuyen a las demandas, exigencias o presiones al sistema para el logro de fines superiores para la sociedad. Coadyuvan a esta actitud de desapego a lo nacional, las diferencias racionales, idiomáticas y las de índole tradicional, entre otras, de estos grupos humanos, que acentúan su diferenciación y dificultan su integración. Cuanto mayor es la población que se halla en esta situación, que podríamos llamar “marginal” desde el punto de vista político, menor será el desarrollo político que pueda alcanzar el país.
El resto de la población es consciente del sistema y se siente en una forma u otra, parte de él. Podemos, sin embargo, diferenciar dos grupos: uno, constituido por aquellos ciudadanos cuyas actividades están influenciadas por los productos del sistema, como la legislación que se da en todos los campos de la actividad nacional, la información, con su carga ideo-política, etc., grupo al que Almond denomina “tributario”; el otro, está conformado por los individuos comprometidos en la articulación de demandas y la adopción de decisiones, grupo al que denominaremos “participante”; éste es el grupo más influyente, pues en él actúan los militantes de los diferentes partidos; los políticos o, como se les denomina ahora, la clase política; los sindicalistas; los grupos de interés, como los comunicadores sociales, asociaciones profesionales, las ONG’s, las federaciones y confederaciones de comerciantes e industriales, etc., agrupaciones que, según convenga a sus intereses, se convierten en grupos de presión y pueden movilizar a grupos humanos para imponer la aceptación de sus demandas. Este grupo detenta el poder real, ya sea ante sí, como grupo de presión, o por que conforman una estructura elegida por el pueblo; son quienes motivan la toma de decisiones y quienes deciden por sí mismos.
Una sociedad está signada por la actuación del grupo “participante”, lo que es normal en una sociedad democrática bien constituida, cultural y políticamente evolucionada. Pero nuestra democracia no es así. La sociedad en el Perú está “a merced” del grupo “participante” porque en forma casi exclusiva, y de manera destacada la clase política, domina la escena nacional, aprovechando para la realización de sus propósitos personales o de grupo, la indiferencia, la ignorancia y la casi inagotable paciencia de los grupos “marginal” y “tributario”, propósitos que no tienen necesariamente (casi nunca) relación con la consecución de objetivos, políticas y estrategias que pudiera aconsejar el interés nacional. El nuestro es, en consecuencia, un país en el cual la gran mayoría de sus ciudadanos tiene un promedio bajo de participación en el desarrollo político, porque su pobre desarrollo político-cultural no les permite, como parte importante de la Nación, imponer su propia capacidad de demanda para exigir el encauzamiento del país hacia niveles superiores de vida que conduzcan al logro del Bien Común. Esta afirmación se condice con la realidad actual que nos enfrenta a una casi ausencia de partidos políticos sólidos, con larga tradición política, formadores de líderes que en su momento constituyan alternativas válidas que se le ofrece al elector para elegir a sus mejores gobernantes.
La tercera variable es el grado de autonomía de las instituciones. Esta es la expresión de la medida en que las diferentes instituciones establecidas son inmunes a influencias extrañas, y en qué grado se mantienen fieles a su finalidad, al objeto principal del interés institucional. Por ejemplo, los sindicatos son permanentemente asediados por los políticos para penetrarlos políticamente y capturarlos para sus propios fines partidarios o personales, o su presencia reducida en tal magnitud que los incapacita para cumplir sus funciones principales. Los medios de comunicación, por su parte, intentan seriamente algunos de ellos proyectar una imagen e imparcialidad, intentos que se ven mediatizados por la presión de los grupos políticos en el poder, que se valen de los compromisos económicos o de otros apremios para ejercer presión sobre los propietarios de medios de comunicación, con el fin de influenciarlos. Otras estructuras, como la judicatura que mencionamos líneas arriba, son permanentemente presionadas o manipuladas políticamente para propósitos que veda la ley. Al final, ante este tipo de presiones, por lo general prevalece el interés político, lo que hace que la autonomía de las instituciones se pierda, al perder de vista sus dirigentes los verdaderos objetivos institucionales.
Todo lo mencionado configura un estado de cosas que permite estimar que en el Perú aún no se ha alcanzado el grado de madurez política necesario para que se pueda imponer democráticamente un sistema político cuyas estructuras encausen sus actividades y aúnen sus esfuerzos en forma coherente y convergente en cumplimiento de planes que conduzcan al logro de objetivos permanentes para beneficio de sus ciudadanos; en otras palabras, nuestro sistema político no permite todavía, que la sociedad predomine sobre los que ostentan el poder político y no asegura que éstos trabajen para la sociedad.
Comprobada la dificultad de que exista en el Perú una Política General del Estado que dé origen a Objetivos, Políticas y Estrategias en el ámbito nacional para los diferentes períodos de tiempo y para todos los niveles de ejecución; y, en el caso de que existiera, comprobada también la voluntad y posibilidad de no acatar parámetros que puedan coartar el uso casi ilimitado del poder político, como es lo usual desde hace décadas, cabe preguntarse ¿de qué manera podría formularse y ponerse en práctica una Política Marítima Nacional?
Esta pregunta tenía en el ámbito del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú una respuesta que se materializó con la publicación en el 1990 del Proyecto de Política Marítima, ampliamente difundido, y en el año 2002 una actualización de dicho proyecto, con el título de Propuesta de Política Marítima, en la cual se plantea la conformación de un Consejo Nacional Marítimo con la función de formular, proponer, dirigir y coordinar la Política Marítima Nacional, cuyos miembros serían presididos por una persona designada por el Presidente de la República, en el supuesto ineludible que el Presidente haga suyo el proyecto y se comprometa a apoyarlo política y económicamente. En tal Consejo estarían presentes, con el nivel que se determine oportunamente, todos los sectores involucrados con representantes de la actividad privada y estatal.
Pero el tiempo transcurrido desde la publicación de esta excelente idea, concebida originalmente solo para el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, nos hace ver que dados los acontecimientos ocurridos posteriormente, ella podría aplicarse a todas las actividades del Estado. Así, se ha creado en julio del año 2002 el Acuerdo Nacional que fija 4 Objetivos y 31 Políticas de Estado a largo plazo, acto que puede considerarse el paso más decidido e importante para establecer por primera vez un rumbo adecuado al puerto de destino deseado para esta nave que es el Perú. También, y como consecuencia del Acuerdo Nacional, se han creado por Ley Nº 28522 el Sistema de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Por último, el gobierno actual ha tomado la decisión de implantar los presupuesto por resultados, lo que hace que tanto el Acuerdo Nacional cuanto el CEPLAN se tornen ahora en protagonistas indispensables para lograr los fines que conlleva tal decisión.
El Acuerdo Nacional ha sido quizá la iniciativa más innovadora y de mayor alcance que gobierno alguno haya tenido para promover, facilitar y hacer posible una planeamiento en el plano estratégico del desarrollo nacional integral y coherente. Los objetivos que plantea no los titula como nacionales, pero por la metodología empleada para deducirlos, mediante una consulta nacional poco conocida pero al parecer muy completa, podrían ser considerados como tales. Las Políticas de Estado establecidas para el logro de los Objetivos parecen correctas. Sin embargo, si bien es un compromiso de las entidades firmantes del Acuerdo hoy, en el futuro la aparición de nuevas tendencias y partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil podrían alterar su equilibrio y restarle eficacia al Acuerdo para mantener el consenso a través de un diálogo productivo. Esto es importante puesto que el sector privado se expresa en el Foro del Acuerdo Nacional ante el Consejo Directivo del CEPLAN, el que deberá ponderar las iniciativas que se propongan. Se estima también que el Acuerdo Nacional debe continuar su actividad a través del diálogo y la concertación en temas trascendentes de largo plazo sin perderse en asuntos coyunturales, como se ha pretendido, los que deben ventilarse en otros foros.
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN están destinados a conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país. Se entiende que para realizar esta labor de orientación y ordenación deberá inspirarse en los 4 Objetivos y en las 31 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Estos objetivos y políticas deberían ser oficializados en un documento legal, de modo tal que comprometa tanto al sector público como al privado ya entre ambos sectores en el año 2002. Este documento debería tener la misma estabilidad que la Constitución Política del Estado, por lo que para modificarlo, debería seguirse el mismo procedimiento fijado para ésta.
El presupuesto por resultados según algunas generalidades expuestas recientemente por autoridades y comentaristas consiste en la correcta evaluación de la gestión realizada en el periodo presupuestario para aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y mejorar los procedimientos para la elaboración y discusión presupuestaria propiciando una mejor gestión de las instituciones. Esta metodología difiere substancialmente con la simple asignación de fondos públicos a los sectores con criterio histórico, como se ha venido realizando en el Perú. Los presupuestos deberán obedecer ahora a las obras y acciones en general que coordinada y coherentemente deberán cumplir los sectores para el logro de los objetivos a todo nivel, lo que es indispensable para conseguir el desarrollo sostenido, que es lo que se persigue en última instancia.
¿Qué probabilidades hay de que este proceso para el desarrollo sostenido se cumpla en el Perú que se ha descrito líneas arriba? Puede ser que termine en nada, como ocurrió en el pasado durante la existencia del “disuelto” Instituto Nacional de Planificación. Puede ser también que ahora, con el respaldo del Acuerdo Nacional, la implementación del CEPLAN y la decisión política del gobierno, logremos que el Perú finalmente alcance el ansiado despegue y nos coloquemos en el menor tiempo posible en el nivel que corresponda al máximo empleo de nuestras posibilidades humanas y materiales, teniendo muy presente la necesidad impostergable de incluir esta vez en el planeamiento estratégico que finalmente se elabore, lo concerniente al desarrollo de la realidad marítima en toda su extensión.
* Contralmirante MGP. Colaborador de «Foro Geomarítimo». Artículo publicado en el Libro Homenaje al Contralmirante Federico Salmón de la Jara Marino y Caballero Ejemplar. Lima: IEHMP. 2007.
NOTA
En el sistema político, los ingresos (inputs) son de dos tipos: las demandas y los medios. Las primeras presionan sobre el sistema en diversas formas, como exigencias de mejores salarios y condiciones de trabajo, educación, libertad de expresión, participación política, etc. Son desafíos para el sistema, el cual debe estar preparado para satisfacerlas en la medida en que son atendibles y contribuyen al Bien Común.
Para hacer frente a las demandas, el sistema tiene medios que le permiten el adecuado procesamiento de éstas y también cumplir sus propios fines. Ejemplos de medios son los impuestos, la obediencia a la autoridad, las normas legales, el obligado cumplimiento de la ley, etc.
Los resultados obtenidos por el procesamiento de los ingresos al sistema son la medida de su eficiencia, y su influencia en otros sistemas sociales puede producir diversos efectos en la sociedad. Así, cuando el sistema es represivo y totalitario, las demandas no pueden expresarse debidamente y la sociedad es sometida, por ejemplo, a fuertes cargas tributarias o recibe exiguos salarios, etc. Son sistemas con escasa respuesta, que pueden conducir a pauperizar a la sociedad por un deterioro sostenido del sistema social.
Por el contrario, otros sistemas más liberales pueden permitir la libre expresión de las demandas, pero si su procesamiento no es adecuado para satisfacerlas, los resultados, (outputs), no solo no serán capaces de acallarlas sino que la presión ejercida por ellas sobre el sistema lo bloqueará, pudiendo eventualmente llegar, con el tiempo, al igual que en los sistemas totalitarios, a formas de cambios políticos como la revolución, el golpe de Estado, o las reformas, con todas sus variantes y gradaciones.
Entre los dos extremos se sitúan los sistemas políticos exitosos, aquellos que han encontrado la forma de llegar a una estabilidad sostenida, es decir, que los ingresos del sistema son procesados dentro de un equilibrio aceptable, produciendo resultados o decisiones que llevan a la sociedad hacia logros superiores. Las respuestas son adecuadas, pues las demandas excesivas no son admitidas, ni las ayudas sobrepasan el nivel necesario.
Estas situaciones exitosas se deben en gran parte a razones de orden estructural y cultural que concurren favorablemente y que hacen que el denominador común de estas sociedades exitosas sea que supieron fijarse objetivos de largo plazo que señalaron claramente el destino al que aspiraban, establecieron las políticas y estrategias que definieron el camino más directo a seguir sin apartarse de él y emprendieron las acciones más eficaces para lograrlos.
Por lo tanto, sin objetivos que den dirección y estabilidad al sistema, no hay desarrollo posible sino un deambular de un extremo a otro de situaciones críticas, que configuran para nuestra realidad, el comportamiento pendular que ha predominado en la política del Perú. Para aspirar al desarrollo es importante poner en relieve la necesidad ineludible de establecer objetivos válidos que nos conduzcan finalmente al logro del ansiado Bien común, o tan cerca de él como sea posible.
Mientras los objetivos nacionales no se adentren debidamente en el sentir nacional, no servirán de factor integrador ni cumplirán las condiciones que la doctrina les asigna. Veamos solo una de ellas: su difusión y aceptación por la población “…para que profundice en su conocimiento y los acepte con la finalidad que la Nación concurra con un esfuerzo y convicción colectivos hacia su consecución”. Si nuestros Objetivos Nacionales no son conocidos por la Nación debido a que no han sido suficientemente difundidos, mal puede la población concurrir con esfuerzo y convicción solidarios a su logro.
Estas comprobaciones, además de las mencionadas anteriormente, sobre la poca vigencia, en la práctica, de objetivos, políticas y estrategias a todo nivel, así como un menosprecio generalizado a todo lo que sea planificación, previsión y conducción de la Nación para el logro del Bien Común, hace que el sistema esté a la deriva, y haya llevado al país a un estado de pobreza y miseria generalizadas que lo colocan justamente en el lado opuesto.
¿Por qué el Perú es así?
La respuesta abarcaría un espacio muy extenso. Solo tomaré como guía algunas ideas de científicos sociales que han estudiado el tema general, con el propósito de aplicarlas a nuestra realidad.
Muchos autores han estudiado la teoría del desarrollo político y han ideado diversas maneras de evaluarlo. Uno de ellos, que logró una adaptación exitosa de la teoría sistémica al desarrollo político es Gabriel Almond1.
Almond considera que se puede evaluar un sistema político mediante el estudio de tres variables. Estas son: la especialización de las instituciones del Estado, el desarrollo político-cultural de la Nación y la autonomía con que actúan estas instituciones.
Respecto de la primera variable, el Perú ha evolucionado políticamente a través de su historia, como lo han hecho prácticamente todos los países, al punto que hoy posee poderes públicos organizados para el cumplimiento de tareas altamente especializadas, como los clásicos tres Poderes, así como un gran número de instituciones que están en aptitud de apoyar la acción estatal, cualquiera se ale gobierno. Sin embargo, el funcionamiento de estos poderes, en especial el legislativo y el judicial es la negación de lo que deberían ser y en consecuencia se han constituido en factores entorpecedores del proceso de desarrollo del país. El poder legislativo únicamente ha demostrado su inmadurez y hasta irresponsabilidad al haber batido todos los récords de proyectos de ley observados por el ejecutivo. En el campo de la judicatura, los diversos procesos de reorganización no llegan a aplicarse y las pocas medidas que se implementan no mejoran el acceso oportuno y eficaz de la población a la justicia. La disolución del Instituto Nacional de Planificación (INP), cuyo defectuoso funcionamiento debió ser corregido, fue disuelto para permitirle al gobierno hacer su voluntad sin tropiezos de ninguna naturaleza, lo que interrumpió la planificación nacional para el desarrollo.
En este sentido, la variable de Almond referida a la especialización de las instituciones, presenta los vacíos, incongruencias y deficiencias indicadas, que explicarían, en parte, esta orfandad en la que se encuentran los peruanos de parte de sus instituciones para alcanzar un desarrollo político adecuado, lo que le resta modernidad a nuestro sistema, en comparación con los de otros países de nuestro entorno.
La variable del desarrollo político-cultural en el Perú quizá sea la más compleja de examinar por lo compleja que es la composición de su población. Siendo el Perú un país compartimentado por su realidad geográfica, porciones importantes de su población viven en estado de casi incomunicación con los centros de actividad política, social y cultural no llegando a integrarse con el resto de sus connacionales. Esto impide que se sientan auténticamente comprometidos para participar en los procesos que le dan vida al sistema político y por no tener o no sentir su lealtad empeñada en la consecución de ningún objetivo relacionado con el interés nacional, no contribuyen a las demandas, exigencias o presiones al sistema para el logro de fines superiores para la sociedad. Coadyuvan a esta actitud de desapego a lo nacional, las diferencias racionales, idiomáticas y las de índole tradicional, entre otras, de estos grupos humanos, que acentúan su diferenciación y dificultan su integración. Cuanto mayor es la población que se halla en esta situación, que podríamos llamar “marginal” desde el punto de vista político, menor será el desarrollo político que pueda alcanzar el país.
El resto de la población es consciente del sistema y se siente en una forma u otra, parte de él. Podemos, sin embargo, diferenciar dos grupos: uno, constituido por aquellos ciudadanos cuyas actividades están influenciadas por los productos del sistema, como la legislación que se da en todos los campos de la actividad nacional, la información, con su carga ideo-política, etc., grupo al que Almond denomina “tributario”; el otro, está conformado por los individuos comprometidos en la articulación de demandas y la adopción de decisiones, grupo al que denominaremos “participante”; éste es el grupo más influyente, pues en él actúan los militantes de los diferentes partidos; los políticos o, como se les denomina ahora, la clase política; los sindicalistas; los grupos de interés, como los comunicadores sociales, asociaciones profesionales, las ONG’s, las federaciones y confederaciones de comerciantes e industriales, etc., agrupaciones que, según convenga a sus intereses, se convierten en grupos de presión y pueden movilizar a grupos humanos para imponer la aceptación de sus demandas. Este grupo detenta el poder real, ya sea ante sí, como grupo de presión, o por que conforman una estructura elegida por el pueblo; son quienes motivan la toma de decisiones y quienes deciden por sí mismos.
Una sociedad está signada por la actuación del grupo “participante”, lo que es normal en una sociedad democrática bien constituida, cultural y políticamente evolucionada. Pero nuestra democracia no es así. La sociedad en el Perú está “a merced” del grupo “participante” porque en forma casi exclusiva, y de manera destacada la clase política, domina la escena nacional, aprovechando para la realización de sus propósitos personales o de grupo, la indiferencia, la ignorancia y la casi inagotable paciencia de los grupos “marginal” y “tributario”, propósitos que no tienen necesariamente (casi nunca) relación con la consecución de objetivos, políticas y estrategias que pudiera aconsejar el interés nacional. El nuestro es, en consecuencia, un país en el cual la gran mayoría de sus ciudadanos tiene un promedio bajo de participación en el desarrollo político, porque su pobre desarrollo político-cultural no les permite, como parte importante de la Nación, imponer su propia capacidad de demanda para exigir el encauzamiento del país hacia niveles superiores de vida que conduzcan al logro del Bien Común. Esta afirmación se condice con la realidad actual que nos enfrenta a una casi ausencia de partidos políticos sólidos, con larga tradición política, formadores de líderes que en su momento constituyan alternativas válidas que se le ofrece al elector para elegir a sus mejores gobernantes.
La tercera variable es el grado de autonomía de las instituciones. Esta es la expresión de la medida en que las diferentes instituciones establecidas son inmunes a influencias extrañas, y en qué grado se mantienen fieles a su finalidad, al objeto principal del interés institucional. Por ejemplo, los sindicatos son permanentemente asediados por los políticos para penetrarlos políticamente y capturarlos para sus propios fines partidarios o personales, o su presencia reducida en tal magnitud que los incapacita para cumplir sus funciones principales. Los medios de comunicación, por su parte, intentan seriamente algunos de ellos proyectar una imagen e imparcialidad, intentos que se ven mediatizados por la presión de los grupos políticos en el poder, que se valen de los compromisos económicos o de otros apremios para ejercer presión sobre los propietarios de medios de comunicación, con el fin de influenciarlos. Otras estructuras, como la judicatura que mencionamos líneas arriba, son permanentemente presionadas o manipuladas políticamente para propósitos que veda la ley. Al final, ante este tipo de presiones, por lo general prevalece el interés político, lo que hace que la autonomía de las instituciones se pierda, al perder de vista sus dirigentes los verdaderos objetivos institucionales.
Todo lo mencionado configura un estado de cosas que permite estimar que en el Perú aún no se ha alcanzado el grado de madurez política necesario para que se pueda imponer democráticamente un sistema político cuyas estructuras encausen sus actividades y aúnen sus esfuerzos en forma coherente y convergente en cumplimiento de planes que conduzcan al logro de objetivos permanentes para beneficio de sus ciudadanos; en otras palabras, nuestro sistema político no permite todavía, que la sociedad predomine sobre los que ostentan el poder político y no asegura que éstos trabajen para la sociedad.
Comprobada la dificultad de que exista en el Perú una Política General del Estado que dé origen a Objetivos, Políticas y Estrategias en el ámbito nacional para los diferentes períodos de tiempo y para todos los niveles de ejecución; y, en el caso de que existiera, comprobada también la voluntad y posibilidad de no acatar parámetros que puedan coartar el uso casi ilimitado del poder político, como es lo usual desde hace décadas, cabe preguntarse ¿de qué manera podría formularse y ponerse en práctica una Política Marítima Nacional?
Esta pregunta tenía en el ámbito del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú una respuesta que se materializó con la publicación en el 1990 del Proyecto de Política Marítima, ampliamente difundido, y en el año 2002 una actualización de dicho proyecto, con el título de Propuesta de Política Marítima, en la cual se plantea la conformación de un Consejo Nacional Marítimo con la función de formular, proponer, dirigir y coordinar la Política Marítima Nacional, cuyos miembros serían presididos por una persona designada por el Presidente de la República, en el supuesto ineludible que el Presidente haga suyo el proyecto y se comprometa a apoyarlo política y económicamente. En tal Consejo estarían presentes, con el nivel que se determine oportunamente, todos los sectores involucrados con representantes de la actividad privada y estatal.
Pero el tiempo transcurrido desde la publicación de esta excelente idea, concebida originalmente solo para el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, nos hace ver que dados los acontecimientos ocurridos posteriormente, ella podría aplicarse a todas las actividades del Estado. Así, se ha creado en julio del año 2002 el Acuerdo Nacional que fija 4 Objetivos y 31 Políticas de Estado a largo plazo, acto que puede considerarse el paso más decidido e importante para establecer por primera vez un rumbo adecuado al puerto de destino deseado para esta nave que es el Perú. También, y como consecuencia del Acuerdo Nacional, se han creado por Ley Nº 28522 el Sistema de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Por último, el gobierno actual ha tomado la decisión de implantar los presupuesto por resultados, lo que hace que tanto el Acuerdo Nacional cuanto el CEPLAN se tornen ahora en protagonistas indispensables para lograr los fines que conlleva tal decisión.
El Acuerdo Nacional ha sido quizá la iniciativa más innovadora y de mayor alcance que gobierno alguno haya tenido para promover, facilitar y hacer posible una planeamiento en el plano estratégico del desarrollo nacional integral y coherente. Los objetivos que plantea no los titula como nacionales, pero por la metodología empleada para deducirlos, mediante una consulta nacional poco conocida pero al parecer muy completa, podrían ser considerados como tales. Las Políticas de Estado establecidas para el logro de los Objetivos parecen correctas. Sin embargo, si bien es un compromiso de las entidades firmantes del Acuerdo hoy, en el futuro la aparición de nuevas tendencias y partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil podrían alterar su equilibrio y restarle eficacia al Acuerdo para mantener el consenso a través de un diálogo productivo. Esto es importante puesto que el sector privado se expresa en el Foro del Acuerdo Nacional ante el Consejo Directivo del CEPLAN, el que deberá ponderar las iniciativas que se propongan. Se estima también que el Acuerdo Nacional debe continuar su actividad a través del diálogo y la concertación en temas trascendentes de largo plazo sin perderse en asuntos coyunturales, como se ha pretendido, los que deben ventilarse en otros foros.
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN están destinados a conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país. Se entiende que para realizar esta labor de orientación y ordenación deberá inspirarse en los 4 Objetivos y en las 31 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Estos objetivos y políticas deberían ser oficializados en un documento legal, de modo tal que comprometa tanto al sector público como al privado ya entre ambos sectores en el año 2002. Este documento debería tener la misma estabilidad que la Constitución Política del Estado, por lo que para modificarlo, debería seguirse el mismo procedimiento fijado para ésta.
El presupuesto por resultados según algunas generalidades expuestas recientemente por autoridades y comentaristas consiste en la correcta evaluación de la gestión realizada en el periodo presupuestario para aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y mejorar los procedimientos para la elaboración y discusión presupuestaria propiciando una mejor gestión de las instituciones. Esta metodología difiere substancialmente con la simple asignación de fondos públicos a los sectores con criterio histórico, como se ha venido realizando en el Perú. Los presupuestos deberán obedecer ahora a las obras y acciones en general que coordinada y coherentemente deberán cumplir los sectores para el logro de los objetivos a todo nivel, lo que es indispensable para conseguir el desarrollo sostenido, que es lo que se persigue en última instancia.
¿Qué probabilidades hay de que este proceso para el desarrollo sostenido se cumpla en el Perú que se ha descrito líneas arriba? Puede ser que termine en nada, como ocurrió en el pasado durante la existencia del “disuelto” Instituto Nacional de Planificación. Puede ser también que ahora, con el respaldo del Acuerdo Nacional, la implementación del CEPLAN y la decisión política del gobierno, logremos que el Perú finalmente alcance el ansiado despegue y nos coloquemos en el menor tiempo posible en el nivel que corresponda al máximo empleo de nuestras posibilidades humanas y materiales, teniendo muy presente la necesidad impostergable de incluir esta vez en el planeamiento estratégico que finalmente se elabore, lo concerniente al desarrollo de la realidad marítima en toda su extensión.
* Contralmirante MGP. Colaborador de «Foro Geomarítimo». Artículo publicado en el Libro Homenaje al Contralmirante Federico Salmón de la Jara Marino y Caballero Ejemplar. Lima: IEHMP. 2007.
NOTA
